Cristina Kirchner apuntó contra la Justicia por "machismo estructural" y confirmó que llevó su caso a la ONU.

Cristina Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su condena en la causa Vialidad y, en el mismo marco, publicó en sus redes una carta abierta en la que sostuvo que el proceso judicial en su contra estuvo atravesado por un "machismo estructural" que, según escribió, aún subsiste en sectores del Poder Judicial argentino. Los detalles de la presentación se conocerán este miércoles en una conferencia de prensa en la que participarán los abogados que integran el equipo internacional de la expresidenta.

En el texto, titulado "El costo democrático de la politización de la Justicia", la expresidenta sostuvo que "el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona", sino a "un proyecto político" y a "la voluntad soberana del pueblo argentino". Afirmó que fue juzgada "no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer", por haber ejercido el liderazgo político "con firmeza" y por no haber aceptado los privilegios de quienes, escribió, "siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos". En ese pasaje, se preguntó de forma retórica si era una casualidad ser, a la vez, la única mujer electa y reelecta presidenta del país y la única expresidenta condenada por la Corte Suprema.

Kirchner fue más allá y planteó que la persecución que denuncia excede lo judicial: sostuvo que el nivel de "estigmatización" y "arbitrariedad" en su contra llegó a funcionar como un "incentivo" para el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, y lo calificó como una manifestación de un machismo que persiste en instituciones que deberían garantizar la igualdad.

El eje central del texto es un reclamo que la expresidenta ya había planteado antes: que la condena a seis años de prisión que cumple bajo arresto domiciliario es, para ella, secundaria frente a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria", escribió, y agregó que ese tipo de proscripciones no afectan solo al dirigente proscripto, sino que vulneran "los derechos políticos" de toda la ciudadanía. Enmarcó además su caso dentro de una tendencia que —sostuvo— se repite en distintos países, a los que acusó de "convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política" para eliminar opositores que no pudieron vencer en las urnas.

Hacia el final, la expresidenta prometió no responder "con odio" ni "con violencia" sino "con más Derecho, con más democracia y con más verdad", y cerró el texto con un mensaje dirigido a quienes, escribió, hoy sienten "angustia, incertidumbre o tristeza", a quienes les pidió que no bajen los brazos.

La estrategia legal

Para la presentación ante la ONU, Kirchner confirmó que convocó a dos abogados extranjeros: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado del Tribunal Supremo español, y el brasileño Rafael Valim, que integró la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en sus propias causas judiciales. También recordó que, tras el atentado de 2022, un grupo de juristas internacionales —entre ellos Raúl Zaffaroni y Baltasar Garzón— ya había presentado una primera denuncia por lo que consideraron irregularidades en su juzgamiento.

Un año bajo arresto domiciliario

La publicación de la carta coincide con el primer año de Kirchner bajo prisión domiciliaria en la causa Vialidad, que cumple desde el 17 de junio de 2025 en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, con tobillera electrónica desde el 19 de ese mes. El período estuvo marcado por sucesivos conflictos con el Tribunal Oral Federal 2 —a cargo entonces del juez Jorge Gorini— por el alcance de sus salidas al balcón, finalmente habilitadas, y por el régimen de visitas, que se endureció en noviembre después de que la expresidenta publicara en X una foto de una reunión con nueve economistas sin que su defensa hubiera avisado que asistirían todos juntos. Desde diciembre tiene además autorización para subir dos horas por día a la terraza del edificio. En el fuero local, su defensa está a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.